De nuestra revista Magazine

En mayo pasado, cuatro meses antes de que el gigante petrolero Royal Dutch Shell suspendiera la exploración mar adentro de Alaska, Christopher Putnam necesitaba expresar algo.

Putnam tiene 44 años, es originario de Texas y es un biólogo de vida silvestre capacitado que también sirvió como sargento de infantería del ejército durante la Guerra de Irak. Durante casi seis años, ha trabajado en Alaska para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, protegiendo mamíferos marinos. Ha sido su trabajo asegurarse de que los planes de Shell de perforar a más de 60 millas mar adentro en el Mar de Chukchi, el cuerpo de agua salvaje del Ártico entre Alaska y Siberia, no dañara a las morsas del Pacífico, en especial a los ejemplares jóvenes, a las crías y a las madres lactantes que dominan el Chukchi durante la temporada de perforación.

La relación de Putnam con Shell siempre había sido amistosa, hasta que la compañía comenzó a insistir en que la protección de las morsas debía pasar a un segundo plano, por detrás de la economía y la eficiencia, dejando en claro que iba a luchar contra cualquier obstáculo normativo que se pusiera en su camino. Esa clase de determinación hizo que Shell fuera un visitante asiduo de la Casa Blanca: El presidente de la compañía, Marvin Odum, fue invitado allí por lo menos seis veces en los primeros dos años y medio del gobierno, y la activista del grupo de presión Sara Glenn la visitó incluso con más frecuencia, de acuerdo con un artículo del New York Times del 2012. Teniendo en cuenta la estrategia “anterior” para fomentar la independencia energética, el presidente Obama contribuyó mediante la creación de un grupo de trabajo para ayudar a allanar el camino de Shell a través de la burocracia, informó el Times.

Odum se reunió en el 2014 con el entonces consejero presidencial John Podesta para debatir la perforación en el Chukchi, aunque los detalles exactos de la reunión no se conocen. Al año siguiente, Putnam comenzó a notar que ciertos líderes se encontraban dentro de la agencia matriz del USFWS, el Departamento del Interior, hablando en conferencias telefónicas sobre cómo acomodar las demandas de Shell. “Algunas personas estaban trabajando en diferentes opciones para interpretar nuestros reglamentos de tal manera que fuera favorable y se permitiera que Shell hiciera lo que quería”, dice. “Cuando se abrieron discusiones acerca de cambiar el significado de las normas específicamente para adaptarse a una empresa como Shell, fue en ese momento que comencé a preocuparme”. Por ley, la reglamentación es un proceso público. “Estos debates que se estaban llevando a cabo detrás de escena, sin participación o responsabilidad pública, estaban llegando al punto en el que yo simplemente quise dejar mis preocupaciones asentadas en el expediente”.

En un correo electrónico del 26 de mayo, Putnam se descargaba. “Shell ha afirmado claramente que cree que minimizar la perturbación de las morsas es irrelevante”, le escribió a su entonces jefa, María Colligan, ahora subdirectora regional del USFWS de Alaska. “Shell insiste en que no son ellos los que deben cumplir con las regulaciones federales, sino que nosotros debemos cambiar la normativa para adaptarla a Shell”.

Putnam se dirigió a las “voces” dentro del Departamento del Interior que, según él, querían reinterpretar las normas sin la participación del público. “Creo que sería falso, mendaz y poco ético”, escribió. “Tal curso de acción incluso puede ser ilegal”. Si Shell tuviera éxito en limitar las medidas de protección a las morsas, ¿qué vendría después? ¿Las compañías petroleras intentarían levantar en silencio los límites de ruido industrial en el Ártico? ¿O debilitar las medidas que protegen a los osos polares resguardados? “¿Dónde —escribió— se terminaría?”.

Después de que Shell recibiera sus aprobaciones y comenzara a perforar en julio, su primer pozo resultó estar seco, lo que llevó a la empresa a retirarse del alta mar de Alaska “por el futuro cercano”. En su anuncio de retirada de septiembre, Shell echó parte de la culpa al “entorno normativo federal desafiante e impredecible”.

Sin embargo, una investigación de Audubon —basada en documentos gubernamentales, algunos presentados ante un tribunal y otros obtenidos por Earthjustice (organización de derecho ambiental sin fines de lucro) a través de la Ley de Libertad de Información— señalaba a un sistema de regulación que, a pesar de ser más estricto que antes de la explosión de Deepwater Horizon en el 2010 y del derrame de petróleo de BP en el Golfo de México, todavía acelera procesos y extiende su propia capacidad para adaptarse al cronograma de perforación de Shell. Mientras que los científicos del USFWS lucharon para proteger a los mamíferos marinos, lo hicieron bajo limitaciones de tiempo apabullantes y a expensas de otros esfuerzos de conservación. Mientras tanto, en la agencia de Interior, los responsables de la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM por sus siglas en Inglés), encargados de aprobar las concesiones de petróleo y el plan de exploración de Shell, autorizaron trabajo durante horas extras, fines de semana y feriados para proporcionarle una decisión rápida a Shell, siendo al mismo tiempo incapaces de seguirle el ritmo a la ciencia del clima y los ecosistemas.

Estos resultados reflejan, en parte, los hallazgos de un nuevo informe de investigación, publicado el 7 de diciembre por la oficina del Inspector General de Interior. En él se detallan cómo algunos empleados de la BOEM consideraban al cronograma de la agencia tan agresivo que, en palabras de un profesional, un análisis medioambiental clave estaba “absolutamente comprometido” y “lleno de errores”.

Estos esfuerzos para adaptarse a una empresa multinacional de energía ocurrieron bajo la mirada del presidente Barack Obama, a quien injurian, irónicamente, los defensores de la perforación y que ansía consolidar su legado como un guerrero climático.

Shell rechazó varias solicitudes de entrevistas para este artículo. “Esta historia ya no es pertinente”, escribió el portavoz Curtis Smith.

De hecho, la historia es tan relevante como siempre. En el informe de ingresos del tercer trimestre, presentado en octubre, el CEO de Shell, Ben van Beurden, hizo hincapié en que, si bien la primera incursión resultó poco prometedora, “por supuesto que hay otras perspectivas potenciales en nuestra concesión de Chukchi, así como en otras áreas mar adentro de Alaska”. Y después del vencimiento de los contratos vigentes en cuatro años, podría haber más en el futuro. Un proyecto de plan de la BOEM pide nuevas ventas de concesiones en el Ártico a partir del año 2020. La legislación, aún pendiente en el Congreso, requeriría ventas regulares a partir de 2023, aun cuando nuevas ciencias advierten en contra de la perforación del Ártico. Las cosas pueden estar tranquilas frente a la costa de Alaska en este momento, pero esa tranquilidad bien podría ser temporal.

Cuando Shell ganó la gran mayoría de los derechos de perforación en la concesión de Chukchi del 2008, también conocida como Venta de Concesión 193, llamó a su adquisición por $2,1 mil millones una victoria para la independencia energética. “Esta es una oportunidad para desarrollar una cuenca comprobada y prolífica, y proporcionar seguridad en el suministro de energía para América del Norte”, informó el vicepresidente de la compañía, Annell Bay, a la prensa.

Los conservacionistas no podían imaginar un peor lugar para perforar: un lugar más fértil, más virgen, más vulnerable al cambio climático. Junto con las morsas, el Chukchi está lleno de osos polares, focas oceladas, ballenas de Groenlandia, y belugas. “Al provenir de los otros 48 estados, uno no ve áreas de este tipo que no están afectadas por el desarrollo”, dice Leah Donahey, directora superior de campaña para la Liga de Vida Silvestre de Alaska. Donahey recuerda haber volado sobre el Chukchi en el 2011 y ver miles de belugas nadando debajo de ella. Tierra adentro, vio osos corriendo en la tundra, y manadas de caribúes. No había carreteras ni infraestructura, “solo estas pequeñas comunidades y luego el vasto océano”.

Esas comunidades dependen de la generosidad del océano: la caza de subsistencia de mamíferos marinos alimenta a muchos nativos de Alaska. “Si no tenemos los animales para satisfacer nuestras necesidades nutricionales, no vamos a sobrevivir”, dice Faith Gemmill, directora ejecutiva de Resistencia contra la Destrucción Ambiental en Tierras Indígenas (REDOIL por sus siglas en Inglés), una organización de base. “No se trata solo de la seguridad alimenticia. Estamos hablando de todo nuestro modo de vida”. En los pueblos Inupiat, durante la caza tradicional de ballenas, dice, “se enseñan las historias. Se enseñan los valores. El conocimiento se transmite de los ancianos a la gente más joven”.

Incluso antes de que Shell comprara sus contratos de concesión, REDOIL y la Liga de Vida Silvestre de Alaska se unieron a otros grupos, que incluye a la Sociedad Nacional Audubon, en la demanda contra el gobierno de Bush para detener la venta. La demanda del 2008, presentada por Earthjustice, observó que el aumento de temperaturas ya está abrumando a los osos polares y a las morsas (el Ártico se está calentando dos veces más rápido que el planeta en su conjunto). Los demandantes dijeron que el Departamento del Interior vendía contratos de concesión sin medir plenamente los impactos sobre el cambio climático, la probabilidad de un derrame, o el daño a la vida silvestre causado por las ensordecedoras armas de aire comprimido utilizadas durante los estudios sísmicos. Además, agregaron, el gobierno tampoco consideró de manera adecuada el daño al eider de Steller y al eider de anteojos, ambos patos en peligro.

Fue el primero de varios casos legales muy reñidos sobre la perforación en el Chukchi, casos que aún continúan, perdurando más allá del anuncio de retirada de Shell.

A medida que la demanda recorría los tribunales, dos desastres les proporcionaron municiones a los críticos de la perforación del Ártico. En primer lugar, el derrame de petróleo de BP expuso defectos letales en el sistema regulador. Motivó nuevas normativas de seguridad y la disolución por parte del Presidente Obama del predecesor de la BOEM, el Servicio de Gestión de Minerales, donde los empleados aceptaban regalos de manera infame de sus contactos en la industria energética, además de tener sexo y consumir cocaína con ellos. En segundo lugar, la propia Shell puso a los peligros de la perforación del Ártico en el foco cuando sufrió una serie de contratiempos durante su primera temporada de exploración en 2012, que culminó con la varada del barco de perforación Kulluk en la Isla Sitkalidak, cuando se lo remolcaba a través del Golfo de Alaska durante una tormenta.

En enero de 2014, el Noveno Circuito emitió una decisión clave en la objeción de Earthjustice al arrendamiento con opción de compra, y destacó los esfuerzos del gobierno para ayudar a allanar el camino de Shell. Los jueces señalaron que la BOEM basó sus análisis ambientales en la “cantidad mínima de petróleo posible que era económico de producir”. Al calcular apenas mil millones de barriles, la agencia subestimó los posibles impactos sobre el hábitat, el clima y ​​las poblaciones de aves. “La BOEM consideró el escenario más optimista para el daño ambiental”, escribió el tribunal. La decisión llevó a que la BOEM revisara sus estudios. Para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se finalizó en febrero de 2015, eligió un cálculo nuevo y más razonable de 4,3 mil millones de barriles. Y, basándose en ese cálculo, estimó un 75% de probabilidad de “uno o más derrames grandes” durante el ciclo de producción de 77 años en el Chukchi.

La BOEM sostiene que un accidente de este tipo probablemente no sería “catastrófico” en su magnitud; su derrame “probable” proyectado de una plataforma de producción, basado en el tamaño promedio de derrames similares, es de 214,200 galones, o menos de 1/600 del volumen del desastre de BP. Pero los expertos señalan que la limpieza de cualquier derrame en el Chukchi sería una tarea formidable, incluso imposible. A diferencia de la Costa del Golfo, la región carece de infraestructura básica: no hay carreteras que conecten pueblos o incluso habitaciones para albergar a los trabajadores de limpieza. La estación de la Guardia Costera más cercana está a mil millas de distancia. Hay poca investigación acerca de cómo mantener a los mamíferos marinos lejos de un derrame, y solo hay equipos suficientes para limpiar cinco osos polares empetrolados a la vez. Y, quizás lo más alarmante, no hay método integral para librar al agua helada del petróleo; la mayoría de los estudios de limpieza se han centrado en los climas templados.

“Estamos hablando de matar al medioambiente”, dice Robert Bea, profesor emérito de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de California, Berkeley, quien pasó décadas trabajando para Shell y otras compañías de energía. “Solo basta con pensar en un granizado de hielo con petróleo, con belugas y ballenas de Groenlandia nadando a su alrededor. Si haces daño, será extenso y a largo plazo”.

Con una acumulación de retrasos, Shell, no obstante, estaba decidida a reanudar las perforaciones exploratorias en el 2015. Dos meses después de la decisión del Noveno Circuito, en abril de 2014, Odum, el presidente de la compañía envió una carta a la Secretaria del Interior, Sally Jewell, cuyo departamento supervisa a la BOEM. Le pidió que “dedicara los recursos necesarios para la eliminación rápida de cualquier obstáculo normativo actual” que pudiera retrasar los planes de su compañía. Odum instó a Jewell a “obtener los recursos adicionales necesarios para completar el trabajo” en el cronograma de Shell, que la compañía describe en un informe de una página llamado “Llegar al Sí 2015 - Cronograma Obligatorio”.

Numerosos correos electrónicos y memorandos internos de la agencia sugieren que BOEM, aunque no le prometió a Shell un resultado determinado, hizo su evaluación de perforación del Chukchi a un ritmo vertiginoso. “Estamos manteniendo este cronograma para permitir que Shell tenga la oportunidad de tomar una decisión acerca de la temporada de perforación en aguas abiertas del próximo año”, dijo la Subsecretaria del Interior, Janice Schneider, en agosto de 2014, de acuerdo con un correo electrónico del director regional de Alaska de la BOEM, James Kendall.

La agencia elaboró ​​su propio cronograma, lleno de diferentes anotaciones. “Este programa incluye trabajar horas extras y fines de semana y feriados”, decía una nota al pie. Las solicitudes de licencia anual, capacitación, e incluso visitas a la oficina se enfrentarían a una “revisión crítica”. Los análisis ambientales recibirían “tiempo de revisión acotado”. Y el proceso acotado, señalaba un documento de la agencia, podría interferir con otras tareas importantes, como el desarrollo de nuevas regulaciones sobre la calidad del aire.

En agosto, Kendall envió un correo electrónico después de hora al subdirector de la BOEM, Walter Cruickshank. “Sí, es [sic] sábado por la noche y estoy en la oficina... Pero no estoy solo, otros están aquí también”, escribió. Kendall informó sobre una conversación con la Subsecretaria Schneider, a bordo de un avión del gobierno, sobre el plan para completar el estudio de impacto ambiental a tiempo. “Ella... me expresó su punto de vista (repetidas veces) acerca de lo absolutamente difícil que era esto, casi al borde de lo imposible... y que era obvio que no hay absolutamente ningún espacio para negociar”.

“Las personas están agotadas, con vista borrosa y trabajando largas horas”, continuó Kendall. “Hay un número de personas en el piso conmigo mientras escribo esto. Las emociones están desatadas... Teniendo en cuenta el hecho de que la gente ahora tendrá que correr un maratón al ritmo de velocistas [sic] durante unos meses, estamos desarrollando una estrategia para cruzar la línea de llegada a tiempo”.

No todos cruzaron la línea de llegada. De acuerdo con un informe reciente del Inspector General, el Departamento del Interior sabía de al menos seis empleados de la BOEM que renunciaron o se jubilaron temprano a causa de la carrera de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental). Una bióloga de peces dijo que el proceso fue tan “sobrecogedor” que ella no tenía tiempo para revisar la consistencia de su propio trabajo o de realizar una revisión por pares de los demás. Ella se jubiló temprano, en octubre de 2014, para preservar su propia “integridad personal y científica”. Otro biólogo dijo que su colaboración con colegas se limitaba a entre 15 y 45 minutos para un documento de 700 páginas. Un especialista sociocultural dijo que su sección sobre la salud pública fue “destrozada”.

El Inspector General llegó a la conclusión de que los funcionarios de la BOEM no alteraron los resultados científicos. Pero los abogados de Earthjustice identificaron, no obstante, en un escrito presentado ante el Tribunal Municipal de los Estados Unidos en agosto de 2015, dos defectos fundamentales en la DIA que se publicó en el 2015, después de la decisión del Noveno Circuito.

En primer lugar, la BOEM decidió, debido a su cronograma acelerado, no prohibir la perforación en determinados sectores del Chukchi, identificados recientemente por los científicos como de importancia ecológica. El Departamento del Interior había comenzado su primera revisión ambiental hacía una década, cuando “la información sobre el medioambiente, el hábitat y la vida marina del Mar de Chukchi era extremadamente limitada”, escribieron los abogados. Desde entonces, la investigación ha evolucionado, en particular sobre Hanna Shoal, una zona grande y poco profunda donde el hielo persiste hasta bien entrado el verano. Las ballenas de Groenlandia se alimentan allí, y grandes manadas de morsas se alimentan de almejas. BOEM llama al banco un “oasis biológico” y el año pasado el Presidente Obama protegió a una parte del área de contratos de concesión futuros, pero no de los actuales. Sin embargo, en su actualización a la DIA por orden judicial, la BOEM decidió no considerar una nueva huella de perforación que excluiría a Hanna Shoal. La agencia dijo que existen “suficientes protecciones” para salvaguardar a los mamíferos marinos. Earthjustice señala, en su escrito, que hay una gran diferencia entre la reducción de daños y la prohibición de perforar un área por completo.

En segundo lugar, Earthjustice acusó que la BOEM prácticamente ignoró lo que los avances en la ciencia del clima han revelado sobre el impacto de la perforación. Insistió en que “no había una metodología fiable” para determinar cómo el Contrato de Concesión 193 afectaría el consumo global de energía. La DIA no mencionó, incluso en su bibliografía de 69 páginas, un artículo de enero de 2015 de la revista Nature que concluye que “todos los recursos del Ártico” deben permanecer en el suelo para mantener al planeta dentro de los dos grados Celsius de las temperaturas preindustriales. “El impacto de la contribución al cambio climático de un único proyecto concreto no se puede cubrir en mayor detalle debido a la incertidumbre científica”, estableció el DIA, añadiendo que “se ha dejado constancia” de los últimos artículos que piden que los hidrocarburos no descubiertos permanezcan sin desarrollar.

Al contactarla para una entrevista, la BOEM refirió las preguntas al Departamento del Interior, que rechazó la petición sin dar un motivo. En un breve comunicado enviado por correo electrónico, la vocera de BOEM, Connie Gillette, dijo que su agencia llevó a cabo una revisión ambiental “sólida y rigurosa”, “consistente con un cronograma judicial”. De hecho, el tribunal no impuso un cronograma, sino que le indicó a la BOEM que desarrollara uno propio. En el informe del Inspector General, los funcionarios del Departamento del Interior reconocieron la prisa. Dijeron que no se diseñó para ayudar a Shell, sino más bien para proteger el departamento de “culpa” en caso de que Shell quedara afuera de la perforación en el año 2015.

Empleados anteriores y actuales del Departamento del Interior dicen que los esfuerzos de la BOEM para adaptarse a Shell no son inusuales. “Una vez que se ha otorgado un contrato de concesión, hay una presión interna para propagar el proceso de regulación”, dice Paul Bledsoe, ex asistente del Secretario del Interior, Bruce Babbitt, durante la década de 1990, y, más recientemente, consultor de la Comisión Nacional del Presidente Obama sobre el derrame de petróleo de BP. “Definitivamente hay presión de la industria”. Otros dicen que las agencias que regulan la producción en alta mar tienden a atraer empleados que simpatizan con la perforación; los ecologistas rara vez estudian ingeniería de petróleo. Agreguemos a eso el apoyo del Presidente Obama al petróleo del Ártico y su deseo de no ser visto como el que restringe la producción, y la balanza termina inclinada.

La BOEM, de acuerdo con los que interactúan con ella, es una agencia con un nivel de responsabilidad mayor a la de su antecesor, el Servicio de Gestión de Minerales, donde el antiguo personal científico denuncia que se suprimió su trabajo y donde, en 2010, los empleados de Alaska disfrutaron de un pastel decorado con las palabras “Perfora, Bebé, Perfora”. De hecho, la protección del medioambiente está escrita en el programa estratégico de la agencia. Aun así, la gestión de energía “basada ​​en ciencia”, es decir, la concesión de reservas de combustibles fósiles y la aprobación de planes de perforación, está en la base de ese programa.

“A pesar de que algunos de los nombres cambiaron, gran parte de la cultura de la agencia sigue siendo la misma”, dice el abogado Miyoko Sakashita, director de océanos en el Centro para la Diversidad Biológica, un demandante en el caso de Earthjustice. “Las reformas profundas, que muchos de nosotros esperábamos ver después del derrame de petróleo de Deepwater Horizon, existían en teoría pero no en la práctica”.

Una de las batallas más difíciles de Shell en el Chukchi versó sobre las normas que protegen a las aproximadamente 129.000 morsas del Pacífico de Alaska. De acuerdo con María Colligan, del USFWS, la actividad industrial concentrada puede causar un grave daño a los mamíferos marinos, lo que incluye a las morsas. “En casos extremos, si evitan una zona porque la perturbación es muy alta y deben alimentarse en otro lugar, tal vez la base de presas no sea tan rica en calorías”, dice ella. Eso, a su vez, puede poner en peligro la supervivencia o la reproducción. El ruido industrial puede dañar la audición y dificultar la comunicación vocal.

En 2013, el USFWS desarrolló normas que rigen la perforación exploratoria en el Chukchi. Una regla ordenó una separación mínima de 15 millas entre plataformas activas. Esa defensa ayudaría a reducir el riesgo de pérdida de audición entre las morsas, y a darles un paso seguro si necesitaran escapar. Christopher Putnam, el biólogo de vida silvestre y veterano de Irak, junto con Colligan’s College, ayudaron a crear esa regla.

Shell combatió la regla de las 15 millas. Los pozos del Chukchi se apiñaron dentro de una zona de 300 millas cuadradas, y la compañía quería colocar sus plataformas en los dos sitios más prometedores, a tan solo nueve millas de distancia. Ya hubiera gastado los recursos para una segunda plataforma ya que, en su plan de exploración presentado ante la BOEM, Shell había accedido a tener un buque de apoyo en las cercanías para perforar un pozo de alivio en caso de un reventón. Según Robert Dillon, un alto asesor de una senadora sénior de Alaska, la republicana Lisa Murkowski, Shell no quería que esa plataforma permaneciera inactiva cuando podía estar extrayendo petróleo.

Sin embargo, si la actividad afectara a ciertos mamíferos marinos, Shell no podría perforar hasta que el USFWS publicara una carta de autorización. Al igual que sus colegas de la BOEM, el personal de Pesca y Vida Silvestre se sintió obligado a tomar sus decisiones a tiempo para la temporada de perforación 2015. “Entendimos lo importante que era para Shell”, dice Colligan. “Definitivamente, nos lo comunicaron de manera muy clara”. Colligan llama a esto una cortesía que el USFWS extiende a todos los perforadores, debido al cronograma complejo de sus operaciones. “Tienen buques montados aquí y allá”, dice. “Hay decisiones que tienen que tomar. Ese es el ambiente en el que estábamos”.

La compañía reconoció que la perforación de dos pozos, ubicados a nueve millas de distancia, inundaría más superficie del mar con ruido, pero presionó para priorizar otras consideraciones. “Se pueden requerir diversas distancias entre las plataformas para explorar, de manera eficaz, eficiente, y económica, el posicionamiento geológico de los recursos de petróleo y gas”, decía un análisis que Shell presentó ante el USFWS en abril de 2015. “El espaciado de los equipos se debe determinar por estas características, más que por un intento de minimizar aún más la potencial alteración de la conducta de las morsas”.

Con esto la empresa petrolera se puso firme. “Shell, como parte de sus operaciones de perforación propuestas para el 2015, indica que no está dispuesto a cumplir con todas las medidas de mitigación necesarias”, establecía un documento del USFWS. La posición absoluta de la compañía le resultó extraña a Putnam. “No es su decisión”, dice. “Para dejarlo en claro, somos el gobierno federal”.

Shell afirmaba, en una carta a Pesca y Vida Silvestre en abril de 2015, que mantener una distancia de nueve millas tendría “un impacto insignificante” en los animales. Los biólogos del USFWS no quedaron convencidos. Dijeron que Shell había contado de menos la población de morsas y no tuvo en cuenta las perturbaciones tales como los helicópteros Sikorsky S-92 que sobrevuelan 40 veces por semana. “El S-92”, escribió Putnam en un correo electrónico a un abogado del Departamento del Interior, “es uno de los helicópteros más ruidosos sobre la tierra”.

Con todo ese tráfico aéreo, Putnam dice, un helicóptero podría asustar a miles de animales que descansan sobre el hielo. “Ellos salen en estampida hacia el agua, y el resultado es un sinfín de morsas muertas o heridas”. El estrés crónico causado por ruidos fuertes podría, posiblemente, desencadenar cambios hormonales que amenacen el tamaño de la población, añade.

Hacer frente a la insistencia de Shell se convirtió en un trabajo de tiempo completo para Putnam. “Perdí medio año”, dice. “Todo nuestro departamento se centró casi exclusivamente en esa sola compañía, ese tema, durante todo el período de tiempo”.

Putnam dice que recibió el apoyo de sus colegas de Alaska al respetar los reglamentos. “Estábamos informando a los altos mandos para asegurarnos de que todo el mundo esté al tanto”, dice. “A medida que subimos más y más alto en la cadena, la gente conoce cada vez menos los detalles y los matices de la cuestión”. Por eso estaban las llamadas de conferencia en las que los funcionarios del Departamento del Interior se devanaban los sesos para tener nuevas interpretaciones de las reglas, dice.

Una llamada le resultó particularmente inquietante. Un miembro del personal del Departamento del Interior, que nunca había conocido, sugirió que la oficina de Alaska estaba malinterpretando la intención de las reglas de protección de mamíferos, reglas que el propio Putnam había ayudado a crear. “Fue un poco ofensivo”, dice, “que alguien que nunca ha estado involucrado me diga lo que yo estaba pensando en el momento que las escribí”.

Shell no sería disuadido por los científicos del USFWS. Reclutó al senador Murkowski, un defensor de la perforación, cuyo personal se comunicó con el Departamento del Interior para presionar el caso. “Ese es nuestro trabajo: ser los defensores de Alaska”, dice el portavoz de Murkowski, Dillon.

Luego, en mayo, Allyson Anderson, subdirectora de la Oficina de Control de las Normas de Seguridad y Medioambiente del Departamento del Interior, envió un correo electrónico a su jefe acerca de una llamada telefónica con un colega de Alaska. “Shell tiene la intención de llevar el tema de la vida silvestre hasta la Casa Blanca, a través de Murkowski [sic]”, escribió.

Dillon dice que, según su conocimiento, Murkowski no llevó el tema de las morsas tan lejos. “Creo que [Shell] puede habérselo planteado a la Casa Blanca”, dice (una idea verosímil, dado el acceso pasado de la compañía), y agregó que así es como funciona Washington: “Está claro que los grupos ecologistas llevan frecuentemente su caso directo a la Casa Blanca. El derecho a solicitar la ayuda del propio gobierno sin temor a castigos o represalias está consagrado en nuestra Constitución”.

Lo que finalmente conservó el mandato de 15 millas en la autorización de perforación de Shell, Colligan dice, era “procedimental”: No había ningún sistema para no aplicar la regla. Pesca y Vida Silvestre prometió “considerar la posibilidad de hacer cambios apropiados” a la regla a través de un proceso público, aunque eso no llegaría a tiempo para la temporada 2015.

Al final, señala Putnam, los funcionarios del Departamento del Interior definieron, de manera estricta, a las plataformas “activas” como aquellas que realmente estaban perforando. Como resultado, se le permitió a Shell ubicar sus plataformas a nueve millas de distancia, siempre y cuando no perforaran de manera simultánea. El problema, según Putnam, es que una plataforma que no perfora, igual tiene personal y está “activa”: Requiere del apoyo de helicópteros, operaciones de anclaje ruidosas, rompehielos y generadores. En otras palabras, aún había dos operaciones industriales a nueve millas de distancia.

De alguna manera, sin embargo, la regla de 15 millas pudo haber sido un factor decisivo en la determinación de Shell de retirarse de alta mar en Alaska, debido a que la corta temporada de perforación del Ártico terminó limitando la actividad de la empresa a un solo pozo en el 2015, y ese resultó ser un fiasco. Después de siete años de disputas políticas y jurídicas, innumerables protestas populares escandalosas, y $7 mil millones en inversiones en el Ártico, la incursión de Shell en el Contrato de Concesión 193 se detuvo de manera repentina. Los partidarios de la perforación, como Lisa Murkowski, le echaron parcialmente la culpa de la retirada de Shell al “patrón destructivo de hostilidad” del gobierno de Obama hacia la producción de energía. “Estamos viendo decisiones que toma el Departamento del Interior que realmente están destruyendo nuestra esperanza de ser independientes como Estado”, dijo Murkowski, en una reunión en octubre del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, que ella preside. Estaba disconforme con la cancelación por parte del Departamento del Interior de dos futuros contratos de concesión en Alaska debido al bajo interés de la industria, y con su negativa para extender los contratos vigentes de Shell.

El gobierno federal planea contratos de concesión de petróleo y gas en incrementos de cinco años. El próximo plan, programado para finalizar este año, cubrirá del 2017 al 2022. El proyecto actual requiere ventas en el Beaufort en el 2020 y en el Chukchi en el 2022. Luego de eso, la Ley de Seguridad Nacional de Producción y Energía Marina del 2015 (Ley 2011 del Senado), propuesta por Murkowski, requeriría que el Departamento del Interior venda tres concesiones del Chukchi y tres del Beaufort durante cada programa de cinco años, comenzando en el ejercicio fiscal 2023.

Pero los opositores a la perforación ven la retirada de Shell como una oportunidad para tomar un respiro y repensar el enfoque del país sobre las reservas energéticas del Ártico. Consideran que es una ventana de tiempo disponible para revisar más a fondo el sistema regulatorio, de manera que refleje un mundo post-BP, y para evaluar si se deben reducir o abandonar por completo las ambiciones de la industria respecto a la perforación del Ártico. “Estados Unidos ha sido miope durante demasiado tiempo en la toma de decisiones sobre el Ártico”, dice Peter Van Tuyn, un abogado de Alaska que ha representado a grupos ambientales y autóctonos de Alaska a la hora de desafiar a la perforación. “¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para que el gobierno de Obama haga un esfuerzo de planificación del panorama general en el próximo año?

Tenemos una nueva oportunidad", continúa Van Tuyn. “Por primera vez, en los siete años del gobierno de Obama, no tienen que tomar una decisión sobre el futuro del Ártico con peso existente en el lado de la balanza que corresponde al desarrollo”. Los $7 mil millones que Shell invirtió para perforar un solo pozo ponían un peso bastante pesado. “Ahora”, dijo Van Tuyn, “esa balanza se puede nivelar”.

Corrección: Una versión anterior de esta historia afirmaba que bajo La Ley 2011 del Senado, el Departamento del Interior estaría obligado a vender las concesiones en el Chukchi y en el Beaufort que comenzaran en el ejercicio fiscal 2022, en realidad, son las del año 2023.

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